Por Paula Vázquez (@paulasvg)
“Así como la monarquía terminó con el feudalismo, la república está terminando con la monarquía y la democracia popular terminará con la democracia liberal burguesa y sus distintas simulaciones democráticas de que hacen uso las plutocracias actuales” – Juan Domingo Perón, La hora de los Pueblos, Madrid, agosto de 1968.
La monopolización de los 3 poderes por parte del ejecutivo gobernante está entre nosotros, paso a paso se está comprometiendo la institucionalidad y el régimen político de nuestro país.
El pasado 24 de abril, después de 20 largas horas de debate entre gritos, argumentos y con la mayoría de la oposición fuera del recinto en señal de protesta por el método apresurado de votación, la Cámara de Diputados convirtió en ley dos de los seis proyectos de reforma judicial que planteó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Asimismo el pasado 08 de mayo, la Cámara de Senadores aprobó los restantes proyectos.
La Cámara de Diputados sancionó por 126 votos contra 10, una ley que limita a seis meses las medidas cautelares de jueces contra normas del Estado, de modo que se deban expedir rápido sobre la cuestión de fondo de las causas. También se sancionó por 126 votos contra 8 la iniciativa que crea tres tribunales de tercera instancia en los fueros laboral, contencioso administrativo (los litigios que involucran al Estado) y civil y comercial. De este modo, quien apele fallos de segunda instancia en esos fueros no podrá recurrir directamente a la Corte Suprema.
El proyecto que ha causado más revuelo es el que establece que los jueces, abogados y académicos que integran el Consejo de la Magistratura (órgano de selección y destitución de magistrados) sean elegidos por el pueblo a través de candidaturas por medio de partidos políticos. Este finalmente fue sancionado el 08 de mayo por la Cámara de Senadores en segunda revisión, ya que la Cámara de Diputados la había aprobado pero con ciertas modificaciones: la Corte Suprema mantendrá la administración de los recursos del Poder Judicial, y las facultades de superintendencia. Los senadores la convirtieron en ley con el apoyo de 38 votos contra 30 sufragios cosechados por la oposición.
¿Será acaso que el Gobierno encontró en el Consejo de la Magistratura el único freno en sus nueve años de gestión y por eso quiere maniatarlo? Por ahora, todo parecería que sí, ya están previstas decenas de presentaciones judiciales para declarar la inconstitucionalidad de dicha reforma por parte de abogados independientes como de los distintos partidos de la oposición. Y si estas presentaciones llegaran a la Corte Suprema de Justicia, es ella quien será la encargada de definir si frena o no la reforma impulsada por el Gobierno. En este sentido, quedaremos a la espera de ver si Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte Suprema, jugará una suerte de rol análogo al de Julio Cobos y si tendrá la fuerza de voluntad suficiente para hacer retroceder la reforma cuando deba pronunciarse sobre los reclamos por inconstitucionalidad.
Pese a todo esto, la Justicia todavía deberá esperar ya que el Gobierno está dilatando la promulgación de la ley que reforma el Consejo de la Magistratura para demorar su llegada a la Corte Suprema. El objetivo es ganar tiempo y de esta manera tratar de evitar la catarata de impugnaciones que se prevén, dilatar el proceso, acelerar el armado de la estructura partidaria y tener listos los candidatos del oficialismo para el Consejo de la Magistratura una vez que la Corte tenga que resolver la cuestión de fondo.
Como son las vueltas de la vida, que gracias a todo este alboroto podemos ver la capacidad que tiene el “relato" kirchnerista para adaptarse a la cambiante situación política. Después de una década de estar orgullosos por uno de sus logros más importantes como ser la renovación de la Justicia, empezaron a catalogar a ese poder del Estado como uno de los obstáculos de su programa, supuestamente, nacional y popular.
