Su Santidad el Estado
Por Lic. Agustín Forchieri (@aforchieri)
Un oscuro futuro se vislumbra. Puede quedar comprometida la
institucionalidad y por sobretodo el régimen político de nuestro país. La
reforma de la justicia que impulsa el gobierno nacional a través de una serie de
proyectos llamados “democratización de la justicia”, pone en riesgo lo que
conocemos hoy como derechos ciudadanos frente a los abusos del Estado y lo que
conocemos como justicia en sí. Los rasgos más relevantes de este proyecto son:
Se busca que los jueces que se propongan como candidatos a
Consejeros de la Magistratura sean electos mediante el voto popular, como son
electos hoy los legisladores. Cómo traducimos esto: el partido o fuerza
política que resulta gobernante tiene una parte de la justicia que le responde;
como en toda estructura partidaria. Por ende tenemos jueces del poder y no de
la ley, porque nadie se imagina a un mismo miembro partidario denunciando o
juzgando a otro.
También se permite el juicio político a cualquier juez
contrario al partido gobernante, pues se tiene la mayoría legislativa para
removerlo. Por lo cual, pocos magistrados se animarán a ir contra la corriente
que genere el gobierno de turno por temor a perder su cargo.
Se crean cámaras de casación generando engorrosos trámites
administrativos para no llegar a la Corte Suprema cuando se da un caso de abuso
de poder estatal sobre una persona. Si bien existe la instancia recursiva hoy,
atrás de esto esta frenar la defensa ciudadana ante atropellos políticos de los
que hoy el gobierno nos tiene acostumbrados.
Además, nos priva a los ciudadanos de un derecho precautorio
de defensa ante las decisiones del poder de turno, lo que lleva a que casos
como los juicios del corralito no tengan corta o mediana solución; sino hasta
la finalización del tema que puede tardar más de 10 años sin resolverse.
Se llega al vicio político extremo, a una monopolización de
los 3 poderes por parte del ejecutivo gobernante, a la violación de principios
constitucionales como el debido proceso nada más ni nada menos. Esto es una
práctica autoritaria, es el fin de la imparcialidad judicial y nos lleva
entonces a una nueva concepción de la democracia. El ciudadano queda en
situación de indefensa y el Estado (todopoderoso) estará por encima de todo
