Una de las principales cuestiones que debe plantearse toda Nación que desee encaminarse hacia la prosperidad, es la referida a la orientación y a los principios rectores sobre los cuales se asientan sus políticas de gobierno. Para abordar una respuesta sobre el tema es necesario partir de una concepción familiar, que entienda a la familia, como la unidad básica de la sociedad, como la célula social más pequeña y como tal, una institución fundamental para la vida de toda sociedad. Ella debe ser reconocida y aceptada en su naturaleza de “sujeto social”, esta afirmación realizada por Juan Pablo II, es fundamental a la hora de abordar la noción de las políticas familiares, en cuanto a fundamento de reconocimiento y promoción efectiva del papel de la familia en la sociedad. Tomando como base la doctrina social de la Iglesia seria necesario tomar en cuenta dos elementos esenciales tales como el reconocimiento de la identidad de la familia en cuanto tal y la aceptación efectiva de su papel de sujeto social.
Las políticas deben de estar articuladas de manera tal que defiendan y promuevan la unión familiar, mediante una legislación que contemple los principios y valores esenciales que toda sociedad debe poseer para lograr encaminarse hacia su grandeza y desarrollo. Al respecto la “Carta de los derechos de familia” ofrece a todos aquellos que comparten la responsabilidad del bien común un modelo para elaborar la legislación y política familiar.
Los distintos gobiernos deben elaborar políticas y leyes que presten mayor apoyo a la familia, contribuyan a su estabilidad y velen por que todas las políticas sociales respondan plenamente a las necesidades cambiantes y diversas de las familias. Implementando políticas sociales tendientes a fortalecer las funciones que las familias cumplen, logrando que las mismas puedan ser aplicadas a todas las familias por igual, sin ningún tipo de distinción.
La realidad nos demuestra que en verdad, han sido limitados los esfuerzos para montar políticas orgánicas de protección y fortalecimiento de la unidad familiar, en gran medida por el agobio generado por el avance de la pobreza y de la marginalidad, que no han sido mas que obstáculos de gran magnitud que han imposibilitado implementar políticas integradoras que ante todo respeten los núcleos familiares y los tomen como unidad de consideración para la formulación de políticas sociales.
Hoy mas que nunca se hace necesario tanto para las familias, como para la sociedad misma una atención adecuada a los problemas actuales que los aquejan, una legislación que proteja sus elementos esenciales y que no grabe las decisiones libres: respecto de un trabajo de la mujer no compatible con su situación de esposa y madre, respecto a una cultura de éxito que no permite a quien trabaja hacer compatible su competencia profesional con la dedicación a su familia, respecto a la decisión de tener los hijos que en su conciencia asuman los cónyuges, respecto a la protección del carácter permanente al que aspiran las parejas casadas, respecto a la libertad religiosa y a la dignidad e igualdad de derechos, respecto al tratamiento de su autonomía legítima y al respeto y fomento de su iniciativa en el ámbito social y político, especialmente en lo referente a la propia familia*.
Hoy por hoy el Gobierno es el único capaz de implementar el orden justo, por tanto es necesario y decisivo el compromiso político, de esta manera trabajando a conciencia se logrará incorporar a la agenda pública el tratamiento que la problemática merece, fomentando la implementación de políticas igualitarias y universalistas, en pos de nuestra generación y las futuras.
Los legisladores constituyen en amplia medida el “ethos” de un pueblo. Sobre este particular, resulta especialmente oportuna una llamada a vencer la tentación de indiferencia en el ámbito político-legislativo.
Partiendo de esta premisa es que toda familia tiene el derecho de contar con una adecuada política familiar por parte de las autoridades públicas en el terreno jurídico, económico, social y fiscal, sin discriminación alguna, con el mayor de los compromisos y con una absoluta conciencia acerca de la importancia que requiere la puesta en practica de una legislación que permita perpetuar por la eternidad la unión familiar.
Por Andrea Maglione para Juventud Proyección Federal
* Juan Pablo II, Ex. Ap. Familiares consortio, nn. 42-48; Carta de los Derechos de la Familia, arts. 8-12
Las políticas deben de estar articuladas de manera tal que defiendan y promuevan la unión familiar, mediante una legislación que contemple los principios y valores esenciales que toda sociedad debe poseer para lograr encaminarse hacia su grandeza y desarrollo. Al respecto la “Carta de los derechos de familia” ofrece a todos aquellos que comparten la responsabilidad del bien común un modelo para elaborar la legislación y política familiar.
Los distintos gobiernos deben elaborar políticas y leyes que presten mayor apoyo a la familia, contribuyan a su estabilidad y velen por que todas las políticas sociales respondan plenamente a las necesidades cambiantes y diversas de las familias. Implementando políticas sociales tendientes a fortalecer las funciones que las familias cumplen, logrando que las mismas puedan ser aplicadas a todas las familias por igual, sin ningún tipo de distinción.
La realidad nos demuestra que en verdad, han sido limitados los esfuerzos para montar políticas orgánicas de protección y fortalecimiento de la unidad familiar, en gran medida por el agobio generado por el avance de la pobreza y de la marginalidad, que no han sido mas que obstáculos de gran magnitud que han imposibilitado implementar políticas integradoras que ante todo respeten los núcleos familiares y los tomen como unidad de consideración para la formulación de políticas sociales.
Hoy mas que nunca se hace necesario tanto para las familias, como para la sociedad misma una atención adecuada a los problemas actuales que los aquejan, una legislación que proteja sus elementos esenciales y que no grabe las decisiones libres: respecto de un trabajo de la mujer no compatible con su situación de esposa y madre, respecto a una cultura de éxito que no permite a quien trabaja hacer compatible su competencia profesional con la dedicación a su familia, respecto a la decisión de tener los hijos que en su conciencia asuman los cónyuges, respecto a la protección del carácter permanente al que aspiran las parejas casadas, respecto a la libertad religiosa y a la dignidad e igualdad de derechos, respecto al tratamiento de su autonomía legítima y al respeto y fomento de su iniciativa en el ámbito social y político, especialmente en lo referente a la propia familia*.
Hoy por hoy el Gobierno es el único capaz de implementar el orden justo, por tanto es necesario y decisivo el compromiso político, de esta manera trabajando a conciencia se logrará incorporar a la agenda pública el tratamiento que la problemática merece, fomentando la implementación de políticas igualitarias y universalistas, en pos de nuestra generación y las futuras.
Los legisladores constituyen en amplia medida el “ethos” de un pueblo. Sobre este particular, resulta especialmente oportuna una llamada a vencer la tentación de indiferencia en el ámbito político-legislativo.
Partiendo de esta premisa es que toda familia tiene el derecho de contar con una adecuada política familiar por parte de las autoridades públicas en el terreno jurídico, económico, social y fiscal, sin discriminación alguna, con el mayor de los compromisos y con una absoluta conciencia acerca de la importancia que requiere la puesta en practica de una legislación que permita perpetuar por la eternidad la unión familiar.
Por Andrea Maglione para Juventud Proyección Federal
* Juan Pablo II, Ex. Ap. Familiares consortio, nn. 42-48; Carta de los Derechos de la Familia, arts. 8-12
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